El desalojo se realizó en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden judicial. Hasta el momento, autoridades no han detallado públicamente el expediente o causa legal específica que originó la diligencia.
De acuerdo con reportes oficiales de la SSC, la intervención se llevó a cabo para garantizar el cumplimiento del mandato judicial y preservar el orden público durante la ejecución. Sin embargo, las personas afectadas denunciaron falta de información clara sobre la notificación previa, así como opacidad en el proceso legal.
Durante el operativo se registraron momentos de tensión, con empujones entre personal operativo y habitantes del inmueble. Testimonios de los desalojados refieren que sus pertenencias fueron retiradas de manera abrupta, con muebles y objetos personales colocados en la vía pública, algunos de ellos presuntamente dañados.
La movilización derivó en un bloqueo momentáneo en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Belisario Domínguez, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular y al servicio de la Línea 4 del Metrobús, según reportes de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).
Tras el desalojo, las familias afectadas se manifestaron en las inmediaciones del predio para exigir explicaciones y denunciar presunto abuso de autoridad. Elementos de la SSC intervinieron mediante diálogo para liberar las vialidades, restableciendo la circulación sin que se reportaran detenciones.
En sus declaraciones, los desalojados acusaron trato agresivo por parte del personal involucrado en la ejecución y señalaron posibles irregularidades, incluyendo la sustracción o daño de enseres durante el procedimiento. Estas versiones contrastan con la postura institucional que sostiene que la actuación se realizó conforme a derecho.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la problemática de desalojos en el Centro Histórico, donde confluyen disputas legales por propiedad, arrendamiento y ocupación de inmuebles, así como cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos judiciales y la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ni la SSC han emitido un posicionamiento detallado sobre las denuncias específicas de los afectados, mientras que organizaciones civiles han comenzado a solicitar la revisión del caso y el acompañamiento a las familias desalojadas.
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