En sesión del pleno, el dictamen fue aprobado con 52 votos a favor, consolidando cambios que permiten que estos delitos se persigan de oficio, sin que la víctima deba presentar una denuncia formal. La medida busca reducir barreras de acceso a la justicia y acelerar la intervención de las autoridades ante hechos de violencia.
Las reformas modifican los artículos 176, 177, 178 y 200 del Código Penal capitalino, incorporando criterios más amplios para la tipificación del abuso sexual y el acoso, así como para la atención de la violencia en el ámbito familiar o de pareja. De acuerdo con el Congreso local, el ajuste normativo responde a la necesidad de actuar con mayor eficacia frente a conductas que suelen permanecer ocultas o sin castigo.
Uno de los cambios centrales es el endurecimiento de penas, que podrán alcanzar hasta siete años de prisión en casos agravados de violencia familiar. Además, se incorporan medidas reeducativas para agresores y una perspectiva de género interseccional, con el fin de reconocer condiciones de vulnerabilidad y contextos específicos que agravan la violencia.
El dictamen también amplía el enfoque hacia la violencia cotidiana en espacios públicos, transporte y entornos familiares, alineándose con diagnósticos oficiales que advierten la magnitud del problema. Datos institucionales señalan que más del 76% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que refuerza la urgencia de acciones integrales.
La iniciativa fue impulsada por legisladoras como Cecilia Vadillo Obregón (Morena) y contó con el respaldo del Gobierno capitalino, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ha subrayado la prioridad de garantizar la seguridad y el acceso efectivo a la justicia para mujeres y víctimas.
Durante la discusión, Morena y sus aliados celebraron la aprobación como un avance en derechos humanos y una herramienta para erradicar la impunidad. En contraste, PAN, Movimiento Ciudadano y PRI expresaron reservas al señalar un posible énfasis punitivo y cuestionaron la eficiencia del sistema judicial para aplicar las reformas con resultados inmediatos.
Las modificaciones entrarán en vigor conforme a los plazos establecidos tras su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y su implementación será acompañada por acciones de capacitación y coordinación institucional, según informaron autoridades legislativas y del Ejecutivo local.
Fuentes: Congreso de la Ciudad de México; Gaceta Oficial de la Ciudad de México; Gobierno de la Ciudad de México; INEGI.
Deja una respuesta