El Estado de México arrancó un gran operativo para frenar el llamado “huachicoleo” de agua, una práctica que ha crecido en medio de la crisis hídrica y que afecta el abasto en decenas de comunidades.
Desde las primeras horas del viernes, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron la Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua, con acciones simultáneas en 48 municipios y la intervención de más de 190 pozos y tomas irregulares.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el operativo se sustenta en carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público y en denuncias ciudadanas que alertaron sobre la extracción, acaparamiento y venta ilegal del líquido.
En el despliegue participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como corporaciones municipales. También se sumaron la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), encargadas de verificar que las acciones no afecten el suministro regular a la población.
Las autoridades señalaron que el objetivo es detectar pozos ilegales y frenar el comercio clandestino del recurso, una actividad que ha crecido con fuerza en zonas urbanas y rurales, donde grupos y particulares aprovechan la falta de vigilancia para lucrar con el agua.
El fenómeno no es nuevo. En municipios como Ecatepec, Tecámac, Naucalpan o Chalco, se han documentado redes de extracción ilegal que venden el agua a través de pipas o conexiones clandestinas. En julio, por ejemplo, el organismo SAPASE en Ecatepec detectó 65 tomas clandestinas durante trabajos de mantenimiento en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, un reflejo de la magnitud del problema.
El “huachicol de agua” funciona de manera similar al robo de combustible: se perforan ductos o pozos sin autorización, se manipulan válvulas y se desvía el flujo hacia tanques o sistemas de venta ilegal. El negocio, aunque clandestino, deja ganancias millonarias y agrava la escasez en zonas donde miles de familias dependen de pipas o tandeo para recibir el servicio.
El gobierno estatal aseguró que, si las intervenciones provocan alguna afectación en el suministro, se activará un plan de contingencia coordinado entre los tres órdenes de gobierno para garantizar el abasto de agua potable.
Con esta operación, el Edomex busca contener una práctica que combina corrupción, negligencia y crimen organizado, y que se ha convertido en uno de los principales desafíos en medio de la crisis de sequía que atraviesa el país.
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